Argentina sigue sin ley nacional de investigación biomédica. No hay figura del código penal que castigue a los investigadores inmorales, a sus financiadores y protectores politicos. Glaxo ganará con la vacuna el valor de cien mil multas. Y los culpables de usar a nuestros niños pobres como conejitos de indias ni siquiera pasarán por un juzgado.
(Jorge Yabkowski, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina -FESPROSA-)

Entre los años 2007 y 2008, 14 bebés de familias pobres de Santiago del Estero, Mendoza y San Juan murieron luego de participar en los ensayos de una vacuna del laboratorio británico GlaxoSmithKline contra la neumonía y la otitis aguda. Si bien no se hallaron pruebas de que esas muertes tuvieran que ver con la aplicación de las inyecciones, en la investigación se descubrieron irregularidades al momento de conseguir el consentimiento de los padres para que sus hijos recibieran la vacuna en experimentación.

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky confirmó que algunos consentimientos fueron dados por padres menores de edad, por abuelos que no estaban autorizados a hacerlo, por parientes analfabetos o, como en un caso, por una madre psicótica a la que no se había evaluado la capacidad de discernimiento. Una madre aseguró: «una médica me pidió que firmara y no me dejó leerlo».

Se detectó además la aplicación de la vacuna sin que se conocieran los antecedentes clínicos de los niños, y se verificó que hubo «falta de seguimiento y registro adecuado» de las reacciones adversas a la vacuna, según funcionarios del Ministerio de Salud.

Como resultado de estas investigaciones la justicia condenó a GlaxoSmithKline, al investigador principal del ensayo en Mendoza, Héctor Abate, y al coordinador de los estudios en Argentina, Miguel Tregnaghi, a pagar una multa, decisión que fue apelada por la multinacional.

Finalmente esta semana la justicia rechazó dicha apelación y confirmó que los implicados deberán pagar una multa de un millón de pesos por irregularidades cometidas en las pruebas de la vacuna. GlaxoSmithKline deberá pagar 400.000 pesos, mientras que a Abate y Tregnaghi se les impuso el pago de 300.000 pesos cada uno.

Según el juez, el laboratorio y los dos investigadores incumplieron requisitos legales básicos para llevar adelante las pruebas en casi 14.000 chicos, conclusión a la que arribó a partir de la investigación realizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo que dispuso la multa que ahora la justicia confirma.

Debe destacarse que según la ANMAT la vacuna de Glaxo es segura. Sin embargo, suspicacias aparte, no es esa la que el Estado adquirió para la campaña de vacunación nacional contra el neumococo que comenzó esta semana en chicos menores de dos años. El Ministerio de Salud optó en cambio por la trecevalente, afirmando que provee mayor cobertura contra los serotipos de neumococo circulantes en el país.

Al confirmar las multas, el juez afirmó en su fallo que «en toda investigación en farmacología clínica debe prevalecer el bienestar de las personas sometidas a estudio. Dicha prevalencia lo es aún por sobre los intereses de la ciencia y la comunidad».

Sin embargo, todo este esfuerzo por impartir justicia parece escaso a la luz de la paradoja que salta a la vista cuando comparamos cifras: mientras que la multa representa escasos $71,42 por cada chico que estuvo en riesgo, Glaxo ganará con la vacuna cien mil veces el valor de la multa.

Y reiterando las palabras de Yabkowski, en medio de este gran negocio los culpables de usar a nuestros niños pobres como conejitos de indias ni siquiera pasarán por un juzgado.

Fuentes: Diario El País (España) y Diario Clarín (Argentina)

Actualización del 8/1: Modifiqué el artículo reescribiendo el título y algunos párrafos a fin de que refleje, según mi mejor comprensión del caso, el exacto sentido con el que fue escrito a fin de evitar malos entendidos que puedan desviar la atención de la cuestión central del problema.