Saltar al contenido

sociedad - 53. página

El Garrahan necesita la verdad tanto como a las tapitas

El título de esta entrada no significa que despreciemos o neguemos la importancia de la campaña. Al contrario, la hemos apoyado y alentado tanto desde este espacio como en las escuelas en las que trabajamos. Sin dudas, la campaña del Hospital Garraham convocando a la comunidad a donar tapitas de gaseosas, ha logrado mucho: por ejemplo, que el dinero de la venta se destine a la construcción del nuevo Centro de Atención Integral del Paciente Oncológico de un Hospital que es el máximo referente de salud pública, gratuita y de alta complejidad pediátrica de la Argentina.

Pero semejante tarea necesita también, imperiosamente y urgentemente, de la verdad.

Leyendo el libro «La Argentina fumigada» de Fernanda Sández, me encuentro con el relato de Mechi Méndez, una enfermera de Cuidados Paliativos en Oncología Pediátrica del Garrahan. Ella cuenta lo que sucede puertas adentro: «se atiende a Fulanito que tiene una leucemia» dice, «no a Fulanito que tiene una leucemia y viene de un pueblo fumigado. El tema es que lo otro no lo ven, se van a seguir produciendo enfermos».

Se trata de nada menos que el crudo relato de quién vive en carne propia el sufrimiento ajeno. No se lo han contado. Lo ve todos los días en muchos de los niños a su cuidado.

En el video a continuación la enfermera Méndez, que además ha creado un canal de You Tube como ayuda en su esfuerzo en concientizar y comprometer a directivos, médicos y personal intermedio del hospital, cuenta su derrotero desde que se percató del problema en 2011.

La historia completa de esta lucha y otras, se relatan en el libro de Fernanda, de imprescindible lectura.

Si te parece que este contenido suma, te invitamos a compartirlo

Monsanto pierde un round

“Una vez que un químico está incorporado en la lista, el fabricante tiene un año para etiquetar el producto como causante de cáncer”, dijo Sam Delson, de la Oficina de Evaluación de Riesgos Ambientales de la Salud del estado de California, en los EE.UU.

El fabricante al que se refiere es Monsanto. El producto es el herbicida Roundup, estrella de la compañía, compuesto a base de glifosato. La lista, que es pública, es la que elabora la Oficina mencionada detallando los químicos cancerígenos.

En una decisión firme tomada el pasado 10 de marzo, la jueza Kristi Culver Kapetan encontró que Monsanto no tenía ninguna razón suficiente para sostener su negativa -interpuesta en los tribunales, de allí la decisión de la jueza- a lucir en los envases del producto una etiqueta que avise sobre su riesgo como producto cancerígeno.

La empresa se lamentó por la disminución en las ventas que traería aparejado el uso de la etiqueta. Sin embargo, ha tenido suerte: aun no se ha prohibido definitivamente su uso.

Sin dudas, un pequeño paso para la justicia pero un gran salto para la salud pública.


Fuente: Periódico digital Pausa (texto e imagen)
Si te parece que este contenido suma, te invitamos a compartirlo

La hipocresía se viste de rosa

Escribe la periodista, investigadora y escritora Fernanda Sández en su libro «La Argentina fumigada – Agroquímicos, enfermedad y alimentos en un país envenenado», editado por Planeta: 

(…) A excepción de la producción orgánica o agroecológica, no hay cultivo en nuestro país -no importa si peras, papas, acelgas, soja o los árboles para la industria forestal- que no reciba una enorme carga química a lo largo de todo su ciclo. Así lo han comprobado trabajos tanto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como de varias universidades nacionales. Parte de esa química permanece en las frutas, hojas y cereales que comemos, y de allí el establecimiento de algo llamado «límite máximo de residuos» o LMR. Esto es, la cantidad de restos de pesticidas que (dice la industria, dice el Estado a través de sus organismos, dicen todos los que lucran con esta naturalización de lo que no lo es) podemos comer sin que nuestra salud se vea afectada. (…) Para el neolenguaje de la tranquilidad -el idioma que hablan al unísono empresas, profesionales de la agronomía, aplicadores de plaguicidas, el Estado y todos aquellos involucrados en el floreciente negocio de la agricultura química- no hay nada de qué preocuparse. Más aún: todo esto es no solo aceptable sino indispensable. Es, aseguran, comer venenos o quedarse con la panza vacía. No hay, insisten, ninguna otra respuesta posible frente al hambre. (…) Al mismo tiempo, el agronegocio seguirá repicando su campana pacificadora: podemos comer tranquilos. Comer día tras día, comida tras comida, pequeñas dosis de insecticidas, funguicidas, herbicidas y unos cuantos ‘cidas’ más que no solo se pueden rastrear en la comida, sino también en nuestros propios cuerpos. La industria miente, la sangre no.

En esta Argentina sojera en la que todos somos el campo pero no entramos en el reparto de las ganancias,  el neolenguaje de la tranquilidad del que habla Sández a veces también se traduce en gestos y señales: fue presentada en Expoagro 2017 una silobolsa -de esas que los sojeros usan para acumular más y más semilla cuando los silos de metal ya no alcanzan-  de color rosa, cuyo objetivo es colaborar en la lucha contra el cáncer. Cada productor que compre estas bolsas estará donando 10 dólares: ocho se destinarán a la Fundación para combatir la leucemia (Fundaleu) y dos al sector oncológico del hospital Santamarina de Tandil.

Más adelante en el libro de Sández, refiriéndose a investigaciones de entidades y universidades de los EE.UU. acerca de la toxicidad de los herbicidas como el 2,4-D, la autora dice:

Una de esas investigaciones (…) demostró que los agricultores expuestos al 2,4-D tenían hasta seiscientas veces más chances de desarrollar cáncer linfático. (…) En la Argentina se lo aplica en el cultivo de trigo, cebada, centeno, arroz, sorgo, maíz caña de azúcar, lenteja y papa. (…) Es uno de los herbicidas más utilizado en nuestro país, en especial desde que el glifosato (…) comenzó a mostrarse impotente ante el avance de malezas cada vez más aguerridas.

La iniciativa de las bolsas rosas luce como una buena causa, sin dudas. Salvo que la sangre no miente. 


Fuente: AgroVoz
Si te parece que este contenido suma, te invitamos a compartirlo

Freire y los existencialmente cansados

Si hay algo que los brasileños necesitan saber, desde la más tierna edad, es que la lucha en favor del respeto a los educadores y a la educación significa que la pelea por salarios menos inmorales es un deber irrecusable y no sólo un derecho. La lucha de los profesores en defensa de sus derechos y de su dignidad debe ser entendida como un momento importante de su práctica docente, en cuanto práctica ética. No es algo externo a la actividad docente, sino algo intrínseco a ella. El combate en favor de la dignidad de la práctica docente es tan parte de ella misma como el respeto que el profesor debe tener a la identidad del educando, a su persona, a su derecho de ser. Uno de los peores males que el poder público nos ha venido haciendo en Brasil, históricamente, desde que la sociedad brasileña se creó, es el de hacer que muchos de nosotros, existencialmente cansados a fuerza de tanta desatención hacia la educación pública, corramos el riesgo de caer en la indiferencia fatalistamente cínica que lleva a cruzar los brazos. ‘No hay nada que hacer’ es el discurso acomodaticio que no podemos aceptar.
Paulo Freire, teórico de la educación, en «Pedagogía de la autonomía»

Si te parece que este contenido suma, te invitamos a compartirlo

¿Quién gana y quién pierde con la automatización?

Semanas atrás nos referíamos en este espacio al proyecto presentado en la Comisión Europea proponiendo las seis leyes de la robótica, una especie de remedo de las 3 leyes de Asimov que revela hasta que punto el tema dejó de ser producto de la ciencia ficción desde hace mucho tiempo, para convertirse en un debate de profundas implicancias y con resultado imprevisible.

Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta europea, decíamos en aquel artículo, es que de aprobarse los robots deberán pagar impuestos como una forma de reducir el impacto social del desempleo provocado justamente por su uso.

En medio de todo este debate, no deja de sorprender que el propio Bill Gates haya propuesto algo parecido hace un par de semanas: en un articulo publicado por BBC Mundo, el multimillonario fundador de Microsoft sugirió que parte del financiamiento de las nuevas actividades realizadas por robots  -reemplazando al operador o empleado humano- podría proceder de los impuestos sobre las ganancias generadas por el ahorro en pago de mano de obra derivado de la automatización.

Las palabras de Gates despertaron curiosidad e interés, no sólo por ser él mismo parte fundante de la industria que habilitó un avance sin precedentes en el área, sino además por su mirada del otro lado del mostrador: algunos economistas afirman que la automatización barata ya desvió los ingresos de los trabajadores hacia los propietarios de las empresas. 

La discusión sobre la diferencia entre la máquina que complementa al hombre y la que lo reemplaza marcó el origen mismo de la Revolución Industrial con el movimiento ludita, una breve pero violenta revolución encabezada por artesanos ingleses en el siglo XIX que protestaban contra las nuevas máquinas -el telar industrial y la máquina de hilar. Ellos se sabían amenazados por esas tecnologías que reemplazaban a los artesanos con trabajadores menos calificados y de salarios más bajos, dejándolos sin trabajo.

Esta discusión se continuó a través de las épocas, centralmente desde el punto de vista del trabajador. Dudas cuasi filosóficas tales como si la máquina reemplazará al hombre o qué hacer con la mano de obra desempleada por la automatización ocultaron un debate que, sospechamos, es hacia donde apuntan los economistas: cada centavo que se ahorra de pagarle al trabajador humano queda ahora en el bolsillo del empresario. Un reparto más justo se hace necesario.

Gates sugiere a los gobiernos que eleven los impuestos y reduzcan la velocidad de la automatización, de modo que pueda gestionarse el proceso desplazamiento de trabajadores en un amplio rango de empleos. El impuesto a los robots permitiría financiar, dice, el entrenamiento de las personas desplazadas por la automatización para empleos en los cuales los seres humanos son especialmente aptos, como el cuidado de los ancianos o la educación de los niños.

En respuesta a esto, algunas compañías tecnológicas sugieren que sean los consumidores y no las empresas las que paguen ese impuesto, ya que el costo de los productos fabricados por los robots es menor. Siempre y cuando, añadiríamos nosotros, los empresarios ajusten los precios a valores que realmente reflejen ese cambio tecnológico. En tiempos en que, por usar un ejemplo, el petróleo baja y el combustible sigue subiendo, se hace difícil confiar en semejante gesto de su parte.

Varios especialistas están trabajando en propuestas superadoras a la idea del impuesto, que anticipan podría perjudicar la automatización al frenar la innovación. Una de esas propuestas es que el Estado baje los impuestos a los trabajadores humanos y redistribuya mejor los ingresos de los robots.

Mientras tanto, los que pierden en este juego parecen ser siempre los mismos. Y los que ganan, también.


Fuentes: Suplemento Economía de Clarín – BBC Mundo
Imagen: Media Telecom
Si te parece que este contenido suma, te invitamos a compartirlo